Cómo evoluciona la transición energética global y qué lugar puede ocupar la Argentina, explicados en forma clara y accesible.
La transición energética no es solo un cambio tecnológico: es una transformación completa del sistema energético mundial.
El sistema energético global está atravesando una transformación profunda que marcará las próximas décadas. Los países buscan reducir su dependencia de los combustibles fósiles, avanzar hacia fuentes de energía renovable, electrificar sectores finales, mejorar la eficiencia energética y disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero. Este proceso, conocido como transición energética, no ocurre de manera uniforme: cada región y cada país enfrenta desafíos propios derivados de sus condiciones climáticas, tecnológicas, geopolíticas y económicas. Comprender esta transición es fundamental no solo para anticipar cómo cambiará la energía en el mundo, sino también para identificar qué oportunidades se abren para países con recursos estratégicos como Argentina.
Argentina combina un potencial energético extraordinario con desafíos institucionales que definirán su lugar en la transición global.
En este escenario, el gas natural se posiciona como un energético de transición. Es más limpio que otros combustibles fósiles, aporta flexibilidad operativa para respaldar sistemas eléctricos con alta participación de renovables intermitentes y es clave para sostener la seguridad energética cuando la demanda aumenta o la oferta renovable disminuye. Esta función se vuelve aún más relevante en su versión industrializada: el Gas Natural Licuado (GNL), el cual se consolidó en los últimos años como uno de los vectores más importantes del nuevo mapa energético global.
El gas natural es la pieza que permite expandir renovables sin comprometer la seguridad energética.
Tras la crisis energética europea de 2021–2022, los países con grandes reservas, productividad competitiva y capacidad de garantizar una oferta estable adquirieron un rol determinante en la seguridad energética internacional. En ese contexto, Argentina tiene una ventaja estructural: Vaca Muerta, una de las principales reservas de gas no convencional del mundo, ofrece un potencial exportador capaz de convertir al país en un actor relevante dentro del mercado global de GNL.
Vaca Muerta y el GNL representan una ventana geopolítica que Argentina debe aprovechar antes de que se cierre.
Pero este potencial solo se materializa con precisión estratégica. El rol del gas en la transición energética exige políticas públicas claras que orienten su uso en el marco de un horizonte temporal definido. Las emisiones fugitivas de metano requieren monitoreo y regulación; las inversiones en infraestructura fósil deben evaluarse bajo criterios de sostenibilidad y riesgo de activos varados; y la migración gradual hacia tecnologías limpias necesita financiamiento estable y reglas previsibles. La transición global no excluye al gas: lo redefine.
La posición argentina dentro de este proceso está determinada por cuatro elementos estructurales que delinean su futuro energético. Por un lado, el país registra una alta dependencia del gas natural para generación eléctrica, uso industrial y consumo residencial, lo que condiciona cualquier estrategia de transición. Por otro, posee una dotación excepcional de recursos renovables —solares en el NOA, eólicos en la Patagonia e hidráulicos en distintas cuencas— que ofrecen oportunidades para diversificar su matriz energética. A esto se suma la presencia de un recurso gasífero de escala global como Vaca Muerta, cuyo desarrollo puede influir en la seguridad energética nacional e internacional. Finalmente, el despliegue de una transición exitosa requiere un marco regulatorio estable, coordinado entre Nación y provincias, que brinde previsibilidad a inversiones de largo plazo en infraestructura, redes y tecnologías limpias.
Los principales estudios internacionales coinciden en un punto: Argentina puede diseñar una transición energética propia, gradual y realista. Para lograrlo necesita incrementar la participación de energías renovables, reducir de manera sostenida sus emisiones, fortalecer sus instituciones, modernizar la infraestructura eléctrica y gasífera, y consolidar políticas públicas estables que integren objetivos climáticos con necesidades de desarrollo económico y social. Sin estabilidad regulatoria ni continuidad en la planificación, el enorme potencial energético del país difícilmente se traduzca en desarrollo sostenible.
Esta serie de diez artículos – escritos por el Mag. Pablo Nahuel Boismoreau para la Fundación 5 de Marzo – acompaña al lector en la comprensión del sistema energético argentino y su relación con la transición global. El objetivo es claro: acercar información rigurosa y accesible, capaz de transformar curiosidad en entendimiento, y entendimiento en capacidad real de análisis sobre uno de los desafíos estratégicos del siglo XXI.
La transición energética se consolidó como una de las fuerzas que están redefiniendo la economía global, al transformar la relación histórica entre energía, desarrollo y ambiente. Durante más de un siglo, el crecimiento económico se apoyó en los combustibles fósiles, pero sus impactos ambientales derivaron en compromisos internacionales de descarbonización que hoy impulsan una transformación estructural del sistema energético. Este proceso no es homogéneo ni universal: cada país lo enfrenta desde matrices energéticas, capacidades financieras y contextos sociales distintos. En el caso argentino, la transición debe interpretarse desde una realidad particular, marcada por una fuerte dependencia del gas natural, un elevado potencial renovable y desafíos macroeconómicos persistentes, lo que convierte a la transición energética no solo en una agenda ambiental, sino también en una estrategia de desarrollo, competitividad y posicionamiento internacional.
El sistema energético mundial atraviesa una transformación profunda impulsada por la convergencia del cambio climático, la innovación tecnológica y la geopolítica, dando lugar a un nuevo orden energético internacional. Los compromisos de neutralidad de carbono redefinieron regulaciones, inversiones y estrategias industriales, mientras que la fuerte reducción de costos de las energías renovables y el almacenamiento alteró las reglas de competitividad frente a los combustibles fósiles. Al mismo tiempo, crisis recientes —como la del gas en Europa— demostraron que la seguridad de suministro sigue siendo un factor central, revalorizando el rol del gas y del GNL incluso en plena transición. En este contexto, la transición energética se convirtió en una carrera industrial y tecnológica global, donde los países buscan equilibrar reducción de emisiones, seguridad energética y competitividad económica, configurando múltiples trayectorias nacionales dentro de un sistema energético cada vez más dinámico e interdependiente
La transición energética no es una simple sustitución de combustibles, sino una transformación sistémica que debe garantizar simultáneamente reducción de emisiones, seguridad de suministro y costos razonables. El sistema energético actual, aún dominado en un 81% por combustibles fósiles, requiere una reconversión gradual hacia fuentes limpias, electrificación de usos finales y tecnologías de respaldo que aseguren continuidad y confiabilidad. La intermitencia de la energía solar y eólica exige soluciones complementarias como almacenamiento, interconexiones, hidroelectricidad y, en el corto y mediano plazo, gas natural por su flexibilidad operativa. Al mismo tiempo, sectores industriales intensivos en calor y moléculas específicas seguirán dependiendo de combustibles como el gas hasta que maduren alternativas como el hidrógeno o la captura de carbono. La infraestructura existente, construida en torno a fósiles, no puede reemplazarse de forma abrupta, sino adaptarse progresivamente. Finalmente, la descarbonización del gas exige controlar las emisiones de metano mediante regulaciones, monitoreo y nuevas tecnologías. En síntesis, la transición avanza como una “cirugía con el sistema en funcionamiento”: combinando electrificación, sustitución gradual de moléculas y mejoras ambientales, sin poner en riesgo la estabilidad económica ni energética.
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El gas natural cumple un rol estratégico en la transición energética global al equilibrar seguridad de suministro, menores emisiones relativas, flexibilidad operativa y estabilidad geopolítica. Frente a la intermitencia de las energías renovables, el gas actúa como respaldo clave para los sistemas eléctricos modernos, permitiendo acompañar variaciones súbitas de la oferta y la demanda mientras avanzan la electrificación y la descarbonización. Al mismo tiempo, la crisis energética europea de 2021–2022 reconfiguró el mercado internacional, fortaleciendo el comercio de GNL y otorgando mayor peso geopolítico a países exportadores con infraestructura flexible como Estados Unidos, Qatar y Australia. Sin embargo, este protagonismo convive con tensiones: los compromisos climáticos de largo plazo reducen la certidumbre sobre la vida útil de las inversiones, mientras que las emisiones de metano obligan a mejorar los estándares ambientales de toda la cadena de suministro. En este contexto, el gas no es un combustible permanente, pero sí un recurso de transición esencial que permite avanzar hacia un sistema energético más limpio sin sacrificar seguridad, confiabilidad ni asequibilidad.
En las últimas dos décadas, y especialmente tras la crisis energética de 2021–2022, el Gas Natural Licuado (GNL) pasó de ser un mercado de nicho a convertirse en un activo estratégico del sistema energético mundial. Su principal fortaleza es la flexibilidad: a diferencia del gas por gasoducto, el GNL puede redirigirse por vía marítima según precios, crisis o tensiones políticas, lo que le otorga un valor geopolítico central. Europa comprobó esta capacidad al reemplazar rápidamente el gas ruso mediante importaciones de GNL, impulsando una fuerte competencia global por cargamentos, nuevas inversiones en infraestructura y contratos de largo plazo. Al mismo tiempo, los compradores exigen estándares ambientales más estrictos para reducir emisiones de metano, sin desplazar al GNL sino “limpiarlo”. Con una demanda sostenida en Asia, Europa y economías emergentes, el GNL se consolida como una herramienta clave para garantizar flexibilidad, resiliencia y seguridad energética en un sistema global cada vez más volátil, abriendo además una ventana de oportunidad estratégica para países con grandes recursos gasíferos como Argentina.
Argentina enfrenta la transición energética desde una posición estructural singular, marcada por una fuerte gasificación de su matriz —con más del 55% basada en gas natural— que le otorga una intensidad de carbono moderada y una ventaja comparativa frente a otros países emergentes. La irrupción de Vaca Muerta transformó la escasez energética en una oportunidad estratégica de escala global, permitiendo sustituir importaciones, estabilizar la balanza de pagos y proyectar exportaciones de gas por gasoductos o GNL. Sin embargo, este potencial depende de inversiones en infraestructura crítica y de marcos regulatorios estables que permitan contratos de largo plazo. En paralelo, el país posee uno de los mayores potenciales renovables del mundo, pero enfrenta cuellos de botella en el transporte eléctrico y distorsiones del mercado mayorista que limitan su aprovechamiento. A esto se suma una macroeconomía inestable que eleva el costo de capital y frena proyectos intensivos en inversión. Por ello, la transición energética argentina no puede plantearse como una dicotomía entre gas y renovables, sino como una estrategia “a medida” que utilice el gas como puente hacia un sistema más limpio, mientras se fortalecen las redes, se estabiliza el marco institucional y se convierte la abundancia de recursos en una política de desarrollo sostenible y competitiva.
Argentina aborda la transición energética a través de un marco normativo fragmentado, compuesto por leyes sectoriales, regulaciones específicas y documentos de planificación que buscaron ordenar un sistema históricamente afectado por la volatilidad macroeconómica y la superposición institucional. El principal hito reciente fue la aprobación del Plan Nacional de Transición Energética al 2030 mediante la Resolución SE 517/2023, concebido como una hoja de ruta ejecutiva —no legislativa— para expandir renovables, fortalecer la infraestructura eléctrica, ordenar incentivos al gas natural, mejorar la eficiencia energética y alinear la política sectorial con los compromisos climáticos. Sin embargo, a partir de 2024, las reformas introducidas por la Ley N° 27.742, el Decreto N° 1057 y el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) reconfiguraron profundamente las prioridades, desplazando el rol central de la planificación estatal hacia un modelo impulsado por la rentabilidad de proyectos privados de gran escala. Aunque el Plan 2030 continúa vigente desde el punto de vista jurídico, su implementación efectiva perdió centralidad política frente a una estrategia enfocada en la desregulación, la exportación de hidrocarburos, el ordenamiento tarifario y la reducción de subsidios. El resultado es un escenario híbrido, donde conviven instrumentos de planificación formal con un nuevo paradigma de mercado, planteando el desafío de construir previsibilidad y continuidad institucional para una transición energética sostenible en el largo plazo.
La segunda etapa del proceso de transición energética en Argentina refleja un cambio estructural en la arquitectura de promoción estatal, pasando de un modelo basado en fondos fiduciarios específicos a un esquema de centralización fiscal y priorización del equilibrio macroeconómico. A partir del DNU 70/2023, la Ley 27.742 y el Decreto 215/2024, el Poder Ejecutivo adquirió facultades para modificar o disolver fondos fiduciarios, trasladando su control al Ministerio de Economía y debilitando el esquema sectorial previo. Instrumentos clave como el FODER —que garantizaba pagos y reducía riesgos a inversores del programa RenovAr— dejaron de promover nuevas licitaciones y se limitaron a administrar contratos existentes; el FODIS fue directamente eliminado junto con el régimen de incentivos a la generación distribuida; y el PERMER sufrió una fuerte reducción presupuestaria, afectando la electrificación rural. Este viraje implica el retiro del Estado como financiador directo de la pequeña y mediana escala renovable y reconfigura la matriz de riesgo evaluada por inversores y organismos multilaterales. En consecuencia, el cumplimiento de las metas renovables y los compromisos climáticos internacionales queda supeditado a la capacidad del mercado privado para movilizar capital bajo nuevos esquemas como el RIGI, consolidando una transición menos planificada desde el sector público y más dependiente de incentivos macroeconómicos generales.
